Cada tragedia deja víctimas, familias destrozadas y preguntas que merecen respuestas. Pero ¿exigimos las mismas responsabilidades cuando gobiernan unos que cuando gobiernan otros? Desde Angrois y los cribados de cáncer de mama en Andalucía hasta la hepatitis C, las residencias de Madrid, la DANA de Valencia y el reciente accidente ferroviario de Toledo, una reflexión sobre la memoria selectiva, la responsabilidad política y el respeto que merecen todas las víctimas, sin distinción de siglas.
Hay algo que nunca he terminado de comprender de nuestra política: la facilidad con la que exigimos responsabilidades cuando gobiernan los otros y la dificultad para reconocerlas cuando gobiernan los nuestros.
España vuelve a estar de luto.
El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ha dejado numerosas víctimas mortales, familias destrozadas y preguntas que necesitan respuestas. El balance de fallecidos continúa sujeto a las actualizaciones de las autoridades.
Esta reflexión nace de las declaraciones realizadas por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien, tras la tragedia ferroviaria, ha reclamado responsabilidades políticas al Gobierno sin esperar a que concluyan las investigaciones.
Feijóo ha defendido que esas responsabilidades no son opcionales, sino imprescindibles desde el punto de vista ético y moral.
Y tiene razón en algo fundamental: los ciudadanos tenemos derecho a conocer qué ocurrió, por qué ocurrió y si pudo evitarse.
Pero hay una pregunta que deberíamos hacernos todos, sin mirar las siglas de quien gobierna.
¿Exigimos siempre las mismas responsabilidades?
Angrois: cuando Feijóo gobernaba Galicia
El 24 de julio de 2013, un tren Alvia descarriló en Angrois, a las puertas de Santiago de Compostela. La tragedia dejó 80 fallecidos y numerosos heridos.
Alberto Núñez Feijóo era entonces presidente de la Xunta de Galicia.
Durante su mandato, el Partido Popular se opuso reiteradamente a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego. El propio Feijóo descartó públicamente esa posibilidad en enero de 2014, defendiendo que correspondía a la Justicia investigar lo ocurrido.
Conviene recordar también que el PSOE se abstuvo en varias votaciones, contribuyendo a impedir aquellas iniciativas parlamentarias.
Eso no significa que no existieran investigaciones. Las hubo, tanto judiciales como técnicas, y el Congreso de los Diputados terminó aprobando una comisión de investigación en 2017.
Pero la cuestión política permanece.
Si hoy se considera imprescindible exigir responsabilidades sin esperar a que finalicen las investigaciones, ¿por qué entonces se rechazaba una comisión parlamentaria destinada a examinar lo ocurrido?
¿Ha cambiado el principio o simplemente ha cambiado el lugar desde el que se reclama?
Andalucía: la transparencia que también debe exigirse en casa
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha reclamado al Gobierno central transparencia, rigor y verdad tras el accidente de Toledo, además de una revisión inmediata de las infraestructuras ferroviarias.
Una exigencia legítima.
Pero resulta inevitable recordar la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, que salió a la luz en octubre de 2025.
La propia Junta reconoció que 2.317 mujeres se habían visto afectadas por retrasos en el seguimiento de mamografías con resultados no concluyentes.
Mujeres que esperaban nuevas pruebas, respuestas médicas y la tranquilidad de saber qué estaba ocurriendo con su salud.
La crisis provocó la salida de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y el anuncio de medidas correctoras por parte del Gobierno andaluz.
Las asociaciones de afectadas reclamaron explicaciones sobre los fallos del sistema y cuestionaron el alcance de las cifras oficiales.
También es necesario señalar que la Fiscalía archivó las quince denuncias que había examinado sobre estos hechos, al no encontrar indicios suficientes de delito.
Pero una cuestión es la responsabilidad penal y otra, distinta, la responsabilidad política.
¿Debe exigirse transparencia solamente cuando la competencia corresponde a otra administración?
¿O también cuando los errores se producen bajo nuestra propia responsabilidad de gobierno?
No pretendo equiparar un accidente ferroviario con los fallos de un programa sanitario. Sus causas, circunstancias y consecuencias son diferentes.
Lo que merece reflexión es si exigimos el mismo nivel de explicaciones a todos los responsables públicos.
Valencia: dos años después de la DANA
El 29 de octubre se cumplieron dos años de la DANA que devastó parte de Valencia y dejó 233 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana, según el balance utilizado en esta reflexión.
Doscientas treinta y tres personas que también tenían nombres, familias, ilusiones y proyectos.
Personas que salieron de casa aquella mañana sin imaginar que sería la última vez.
La gestión de aquella catástrofe ha sido objeto de investigaciones judiciales y de un intenso debate sobre los avisos a la población, las decisiones adoptadas y las competencias de las distintas administraciones.
¿Se informó a tiempo? ¿Se actuó con la rapidez necesaria? ¿Se pudieron evitar algunas muertes?
Son preguntas que merecen respuestas, independientemente de quién ocupara cada despacho.
Porque ninguna administración debería quedar al margen del escrutinio público cuando están en juego vidas humanas.
La hepatitis C: enfermos que también esperaban respuestas
Y retrocedamos un poco más.
En 2015, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C acudió a los tribunales para denunciar los retrasos en el acceso a medicamentos que podían salvar vidas.
La plataforma sostuvo que unas 4.000 personas habían fallecido durante 2014, una estimación de la organización que no constituye una cifra judicialmente acreditada de muertes causadas por aquellos retrasos.
El Tribunal Supremo archivó la querella presentada contra la exministra de Sanidad Ana Mato al no apreciar indicios suficientes de delito.
Y aquí debemos ser rigurosos.
Que una actuación no constituya delito no significa necesariamente que haya sido una buena decisión política. Pero tampoco permite atribuir automáticamente responsabilidades penales sin pruebas.
Miles de enfermos y sus familias vivieron aquellos meses con angustia, pendientes de tratamientos, decisiones administrativas y respuestas que consideraban urgentes.
También ellos merecían explicaciones.
También sus vidas importaban.
Las residencias de Madrid: los mayores que no regresaron
Y están las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia.
Entre marzo y abril de 2020, según los datos facilitados por la propia Comunidad, 7.291 residentes fallecieron en los centros sin haber sido trasladados a hospitales.
Es importante precisar que esa cifra incluye fallecimientos por distintas causas y no permite determinar, por sí sola, cuántas muertes podrían haberse evitado.
Durante aquellos meses se aplicaron protocolos de derivación hospitalaria que contemplaban restricciones vinculadas, entre otros criterios, al grado de dependencia física y al deterioro cognitivo.
Las familias y asociaciones críticas con aquellas decisiones los denominaron «protocolos de la vergüenza».
La Comunidad de Madrid, presidida entonces por Isabel Díaz Ayuso, ha defendido su actuación durante aquella emergencia sanitaria.
Por su parte, familiares de fallecidos han reclamado durante años investigaciones y responsabilidades.
Pero hay otro hecho que merece ser recordado.
La Asamblea de Madrid llegó a constituir una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia. Aquella comisión quedó interrumpida por la convocatoria electoral de 2021 y, posteriormente, el Partido Popular votó contra su reanudación.
No fue una negativa aislada. En marzo de 2024, distintas informaciones periodísticas contabilizaban ocho ocasiones desde junio de 2021 en las que el PP se había opuesto a iniciativas parlamentarias destinadas a investigar lo sucedido o estudiar mejoras en las residencias.
La propia Isabel Díaz Ayuso rechazó públicamente abrir una nueva comisión autonómica, cuestionando la finalidad política de esas iniciativas y defendiendo, en su lugar, una investigación general sobre la pandemia en el Congreso de los Diputados.
Eso no significa que se impidieran todas las investigaciones. Distintos procedimientos judiciales han examinado actuaciones relacionadas con aquellos acontecimientos.
Pero la negativa a impulsar o reanudar determinadas investigaciones parlamentarias constituye también una decisión política que puede ser examinada y debatida.
Y aquí vuelve a surgir la misma pregunta: si exigimos investigaciones, explicaciones y responsabilidades cuando ocurre una tragedia bajo el gobierno de nuestros adversarios, ¿por qué nos resistimos a que se investigue parlamentariamente lo sucedido cuando gobernamos nosotros?
La Comisión Ciudadana por la Verdad sobre las residencias de Madrid sostuvo, en un informe publicado en 2024, que miles de aquellas muertes podrían haberse evitado con una atención adecuada.
Se trata de la conclusión de esa comisión, no de una sentencia judicial.
Algunos procedimientos judiciales relacionados con aquellos acontecimientos han sido archivados y otros han continuado su recorrido, sin que pueda atribuirse una responsabilidad penal general por esas muertes.
Pero las preguntas continúan.
¿Recibieron todos los residentes las mismas oportunidades de asistencia sanitaria?
¿Se dispuso de medios suficientes?
¿Se cumplieron las promesas de medicalizar las residencias?
¿Se podrían haber tomado otras decisiones?
Y mientras tanto, hay hijos que siguen preguntándose si sus padres podrían haber vivido algunos años más.
Porque detrás de cada uno de aquellos números había un padre, una madre, un abuelo, una abuela.
Personas que habían trabajado toda su vida y que, cuando más necesitaban cuidados, se encontraron en medio de una emergencia sanitaria sin precedentes.
La responsabilidad no debería cambiar de partido
No pretendo comparar las causas de una enfermedad, una pandemia, una inundación y un accidente ferroviario.
Son acontecimientos diferentes, con circunstancias, competencias y responsabilidades distintas.
Lo que comparo es nuestra manera de reaccionar ante ellos.
Y mientras todavía se guarda luto por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, dirigentes del Partido Popular preparan una exigencia de responsabilidades que pretende alcanzar no solo al ministro de Transportes, Óscar Puente, sino también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según publica El País este 30 de octubre.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido ya públicamente la dimisión o el cese de Puente antes de su próxima comparecencia parlamentaria, al tiempo que ha reclamado responsabilidades al presidente del Gobierno. Feijóo, por su parte, había defendido la necesidad de asumir responsabilidades políticas sin pedir expresamente dimisiones durante su visita al lugar del accidente.
Es legítimo exigir responsabilidades políticas, incluso antes de que finalicen las investigaciones, siempre que se distingan los hechos acreditados de las hipótesis.
Pero esa exigencia invita a recordar las posiciones adoptadas cuando el Partido Popular gobernaba en España o en distintas comunidades autónomas.
En Galicia, durante la presidencia de Feijóo, se rechazaron iniciativas para investigar parlamentariamente el accidente de Angrois.
En Madrid, bajo la presidencia de Ayuso, el PP se opuso repetidamente a reanudar o abrir investigaciones parlamentarias sobre las residencias.
Y en Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla ha tenido que responder por los fallos en los cribados de cáncer de mama.
No son tragedias iguales ni las responsabilidades tienen por qué ser las mismas.
Pero el principio debería serlo: exigir transparencia, explicaciones y responsabilidades con idéntico criterio, tanto cuando se gobierna como cuando se está en la oposición.
Porque parece que la gravedad política de una tragedia cambia según el lugar que ocupemos en el Parlamento.
Cuando estamos en la oposición, sea cual sea el partido, exigimos explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas.
Cuando gobernamos, reclamamos prudencia, tiempo y respeto a las investigaciones y a los procedimientos judiciales.
Y ambas exigencias pueden ser razonables.
Lo que no resulta razonable es aplicar criterios diferentes dependiendo de quién esté sentado en el Gobierno.
Hoy necesitamos saber qué falló en el sistema ferroviario.
Necesitamos investigaciones independientes, explicaciones transparentes y responsabilidades allí donde se acrediten.
Exactamente igual que las necesitábamos en Angrois.
Exactamente igual que las merecen las mujeres afectadas por los fallos de los cribados de cáncer de mama.
Exactamente igual que las necesitábamos en Valencia.
Exactamente igual que las merecían aquellos enfermos de hepatitis C.
Exactamente igual que las siguen reclamando las familias de los mayores fallecidos en las residencias madrileñas.
Porque detrás de cada cifra hay una persona.
Y detrás de cada persona, una vida que no puede recuperarse.
Quizá algún día comprendamos que la responsabilidad política no consiste solamente en pedir la dimisión del adversario, sino también en reconocer los errores propios.
Mientras tanto, seguiremos viendo cómo unos y otros se lanzan las cifras de los fallecidos desde sus respectivos escaños.
Y yo me pregunto:
¿Cuándo dejaremos de contar los muertos de los demás y empezaremos a preocuparnos por todos?
Porque las víctimas no votan después de morir.
Y, desde luego, no llevan carné de partido.
