Cuando un ciudadano pierde la confianza en quienes deben garantizar la Justicia, ¿a quién puede acudir?
Hay una pregunta incómoda que probablemente muchos ciudadanos se han hecho alguna vez: ¿qué ocurre cuando dejamos de confiar en la Justicia?
No hablamos de que una sentencia nos guste o no. Tampoco de considerar culpable a un juez simplemente porque haya dictado una resolución contraria a nuestras ideas. Una democracia no puede funcionar así.
Hablamos de algo bastante más profundo: de la percepción de que la política ha entrado demasiado en los tribunales y, al mismo tiempo, de que los tribunales están entrando cada vez más en terrenos que antes pertenecían fundamentalmente al debate político.
La separación de poderes constituye uno de los pilares esenciales de cualquier democracia. El Gobierno gobierna, el Parlamento legisla y los jueces juzgan. Ninguno debería sustituir al otro.
Pero ¿qué sucede cuando esas fronteras comienzan a resultar difíciles de distinguir?
De la política a los tribunales
España vive desde hace años una creciente judicialización de la política.
Partidos, asociaciones y organizaciones recurren a los tribunales para resolver conflictos que muchas veces comenzaron siendo políticos. Denuncias, querellas y procedimientos judiciales terminan ocupando portadas durante meses o años, frecuentemente mucho antes de que exista una sentencia.
Y aquí aparece un primer problema.
En una sociedad dominada por la información inmediata, la apertura de una investigación puede convertirse prácticamente en una condena pública, aunque años después el procedimiento termine archivado.
La Justicia necesita investigar cualquier posible delito, independientemente de quién pueda haberlo cometido. Eso es incuestionable.
Pero también debemos preguntarnos si los tribunales pueden terminar convirtiéndose, voluntaria o involuntariamente, en otro escenario de la lucha política.
¿Se puede criticar a un juez?
Por supuesto.
Las resoluciones judiciales son públicas y pueden analizarse, discutirse y criticarse. La independencia judicial no significa que las decisiones de los jueces sean inmunes al escrutinio ciudadano.
Otra cuestión muy diferente es acusar a un magistrado de prevaricar, actuar por intereses partidistas o cometer un delito sin pruebas.
También los responsables políticos deberían ser extremadamente prudentes cuando cuestionan personalmente a un juez por una resolución que no comparten.
Pero esa prudencia debe funcionar en ambas direcciones.
Los jueces poseen un poder enorme: pueden investigar a un ciudadano, registrar su domicilio, intervenir determinadas comunicaciones cuando concurren los requisitos legales, imponer medidas cautelares y, finalmente, condenar cuando corresponde.
Precisamente por ese enorme poder, la independencia judicial debe ir acompañada de transparencia, responsabilidad y mecanismos efectivos de control.
¿Quién controla entonces a los jueces?
La respuesta jurídica parece sencilla: existen mecanismos dentro del propio sistema.
Las resoluciones pueden recurrirse ante órganos superiores. Existen mecanismos disciplinarios y de responsabilidad, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y, en determinadas circunstancias, instancias europeas.
Pero para el ciudadano aparece una paradoja:
si desconfío precisamente del funcionamiento del sistema judicial, ¿debo pedir al propio sistema que determine si funciona correctamente?
Europa proporciona mecanismos adicionales, aunque tampoco constituye una especie de tribunal al que podamos acudir simplemente porque no nos guste una resolución española.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede intervenir cuando se hayan vulnerado derechos reconocidos en el Convenio Europeo y se cumplan sus requisitos. La Unión Europea, por su parte, dispone de instrumentos para vigilar el Estado de derecho en sus Estados miembros.
Por tanto, también quien controla está sometido a controles.
Europa también observa a quien juzga
La preocupación por la independencia y el funcionamiento de la Justicia no es exclusivamente española ni puede reducirse a una disputa entre partidos.
La Comisión Europea examina cada año el Estado de derecho en todos los países de la Unión. En su Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, publicado el 17 de julio, dedica nuevamente un capítulo específico a España.
El análisis europeo no se limita a los tribunales. Examina cuatro grandes pilares: el sistema judicial, la lucha contra la corrupción, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y los controles y equilibrios entre las instituciones.
Es decir, Europa también parte de una idea elemental: en una democracia ningún poder puede quedar fuera del control.
Esto tampoco significa que Bruselas actúe como una instancia superior a la que acudir cuando una sentencia española no nos gusta. No puede sustituir a nuestros tribunales ni revisar cualquier resolución judicial.
Pero sí existe una vigilancia europea sobre el funcionamiento del Estado de derecho y sobre los me
