El “chiringuito” sanitario escondido en la ley Omnibus o el último regalo de Ayuso en 2021

Concentración de los sindicatos sanitarios de la mesa sectorial frente a la Consejería de Hacienda. DAVID F. SABADELL

Salud
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La creación de una Agencia de Contratación Sanitaria, que manejará un presupuesto de hasta 2.000 millones de euros para suministros, bienes y servicios, se inserta en el nuevo proyecto de ley que el gobierno de Ayuso quiere aprobar en plenas fiestas navideñas. Oposición y plataformas sanitarias recelan de las intenciones de un ente que tendrá personalidad jurídica propia y que actuará sin control parlamentario.

215 páginas en un anteproyecto que modifica 33 leyes y cinco decretos legislativos. Una propuesta de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, más conocida como ley ‘Omnibus,’ destapada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado 24 de diciembre. Una bomba expuesta a alegaciones públicas en plenas fiestas navideñas y que solo esperará hasta el próximo 3 de enero para ser cuestionada. Y, aunque saldrá adelante porque los números les son favorables, partidos de la oposición y colectivos ojean una a una las propuestas. <Entre ellas, destacan que esconden una sorpresa para eludir controles parlamentarios: la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria que consideran un posible nuevo “chiringuito”.

El artículo 44 de esta ley desgrana la propuesta. Habla de un “ente público” “con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, autonomía de gestión, patrimonio y tesorería propios”, adscrita al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y que actuará “con carácter general con sometimiento al derecho privado”. Justificada su creación para  “la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en el ámbito sanitario”, entre sus fines está “promover la racionalización y simplificación de la tramitación de los expedientes de contratación”.

Desde IU Madrid alertan de que la creación de este organismo puede ser “el enésimo ataque contra nuestra sanidad” y hablan de una “agencia de privatización”. Vanessa Lillo, diputada por IU-Unidas Podemos, avisa del riesgo de “dar vía libre para hacer privatizaciones encubiertas y no tan encubiertas”. “Va a trabajar bajo el derecho privado, fuera del control parlamentario. Es una manera de que tengan vía libre y buscan el camino más fácil con las menores resistencias institucionales posibles” asegura a El Salto Lillo.

Para esta diputada la creación y el desarrollo de esta ley se merece “una normativa propia”. De hecho, añade, los propios técnicos de la Dirección de Recursos Humanos de la Consejería de Economía sugieren que la aprobación de una ley Omnibus para crear esta agencia no es el mejor camino y proponen que se incorporen como disposiciones adicionales “por tratarse de una disposición de carácter más general, que establece una nueva regulación normativa”. Apunte recogido en la Memoria Ejecutiva del Impacto Normativoen el que el gobierno regional reconoce que no se ha aceptado esta observación “pues se considera adecuado y procedente su inclusión dentro del articulado porque las mismas responden a los objetivos del anteproyecto”.

“Esta agencia no estaba contemplada en el plan normativo del gobierno. La agencia no estaba prevista, la han colado ahí sin publicidad. Han metido el desarrollo entero de algo que atraviesa el SERMAS en una ley que mezcla todas las áreas”

Para la diputada de IU, la manera de proceder, aplicándose un procedimiento de urgencia en plenas fiestas navideñas y saltándose el trámite de consulta previa “en una reforma tan profunda no nos da ninguna confianza”. “Justifican esta ley Omnibus porque el plan normativo del gobierno establece qué leyes van a modificar, por hacerlo todo a la vez. Qué casualidad que esta agencia no estaba contemplada en el plan normativo. La agencia no estaba prevista, la han colado ahí sin publicidad. Han metido el desarrollo entero de algo que atraviesa el SERMAS en una ley que mezcla todas las áreas”, denuncia.

mplio presupuesto

Un organismo que manejará buena parte del presupuesto total de la Comunidad de Madrid. Sanidad es la cartera que más trozo del pastel se lleva, con casi 9.000 millones de euros, y teniendo en cuenta que gestionará la compra de bienes de consumo y las licitaciones de infraestructurales, lo que supone un 40% del total, puede llegar a vehiculizar 2.000 millones de euros. Son cálculos de Javier Padilla, diputado autonómico por Más Madrid, quien destaca que estamos ante la creación de un nuevo “chiringuito” sobre el que puede recaer la próxima trama de corrupción del PP.

Padilla explica que, en la actualidad, la compra de suministros es caótica. “Cada hospital va por su cuenta, están autorizados como centros gestores. Se hace un abuso de contratos menores, hay hospitales que han fragmentado un mismo contrato hasta 100 veces para no tener que pasar por concurso público”, cuenta Padilla. Ante esto, afirma este diputado, saca esta ley Omnibus  “de la manera más lamentable y una de las cosas que hace es aprobar la creación de una agencia que en un contexto democrático tendría una ley exclusiva para ella. Tal y como se plantea hace que tengamos que ser recelosos”, explica Padilla.

“Es más fácil influir sobre una unidad, que sobre todas las de los hospitales. Ahora el hermano de Díaz Ayuso no tendría que pasearse por todas las oficinas, solo tendría que ir a una”

Y pone un ejemplo: “Es más fácil influir sobre una unidad, que sobre todas las de los hospitales. Ahora el hermano de Díaz Ayuso no tendría que pasearse por todas las oficinas, solo tendría que ir a una”, en alusión a las acusaciones lanzadas contra el familiar de la presidenta regional, Tomás Díaz Ayuso, por la bancada socialista. “El hermano de Ayuso se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresas hay que contratar”, espetaba la diputada socialista María del Carmen López en noviembre, que fue finalmente expulsada del pleno.

Eso sí, Padilla marcas las distancias en cuenta a la lectura de que la Agencia sea una llamada a la privatización sanitaria. “No acabo de ver que tenga más elementos para privatizar, porque ya tienen todos los elementos de privatización posible. Lo que sí creo es que privatiza los mecanismos de contratación porque los hace más opacos. En sí no va a ser un elemento positivo y seguramente la agencia será un punto central dentro de alguna trama de corrupción”, insiste.

Recuerdos de la Marea Blanca

Desde las plataformas de pacientes y sanitarios temen un ligero déjà vu. A finales de 2012 el gobierno regional, con Ignacio González a la cabeza y Javier Fernández-Lasquetty al costado como consejero de Sanidad —hoy consejero de Hacienda— presentó un plan privatizador para la sanidad madrileña. Conocido como Plan de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público, pretendía externalizar la gestión de seis de los hospitales construidos en la época de Esperanza Aguirre y del 10% de los centros de salud.

El pleno del 27 de diciembre aprobaba la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2012, que contenía este plan, entre un bronco debate en el que los grupos de la oposición exigían la dimisión de Fernández-Lasquetty. La diputada de IU, Libertad Martínez, se quejaba de la “falta de debate” y acusaba al PP de hacer una ley a la medida. Un plan que fue ampliamente contestado en las calles por un movimiento de pacientes y batas médicas, que vino a llamarse Marea Blanca, que trasladó su lucha también a los juzgados. Un plan que finalmente encalló, y que acabó con la dimisión del Consejero de Sanidad el 27 de enero de 2014, y cuya sombra aún sobrevuela cada movimiento del ejecutivo madrileño.

La agencia “podrá constituir o participar en el capital de toda clase de entidades que adopten la forma de sociedad mercantil”, lo que, consideran, favorece la presencia del sector privado en las mismas y/o la financiación pública encubierta de empresas privadas.

“No descartamos —de hecho, casi lo podríamos afirmar— que pretendan volver a intentar el modelo de Cooperativas Sanitarias para los Centros de Salud o incluso innovar un modelo pseudo-PFI (Iniciativa de Financiación Privada) en atención primaria a semejanza de algunos hospitales de la Comunidad de Madrid, y necesitan justificaciones”, expresan desde la Plataforma de Centros de Salud de Madrid. “Han aprendido muy bien la lección y saben que privatizar a las bravas es muy difícil, aunque creemos que ahora, con un 36% de pólizas privadas, se lo han preparado mejor”, añaden.

Desde esta plataforma han solicitado la ampliación de un mes de los trámites de audiencia e información pública de este anteproyecto o, subsidiariamente que se declare la nulidad de la tramitación del anteproyecto de ley, “por vulneración de la normativa reguladora de la participación de los ciudadanos”.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, integrada en la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública FADSP, asegura que, bajo la apariencia de optimizar y centralizar las compras de suministros, la ley recoge toda una serie de cuestiones que solo favorecen la privatización del sistema sanitario regional. Y destacan una frase: la agencia “podrá constituir o participar en el capital de toda clase de entidades que adopten la forma de sociedad mercantil”, lo que, consideran, favorece la presencia del sector privado en las mismas y/o la financiación pública encubierta de empresas privadas.

“Es evidente que su línea es la de privatizar. No me cabe ninguna duda de que es una puerta abierta para en el futuro hacer lo que les venga en gana. La prueba de que no hay buena fe es que han aprovechado estas fiestas para sacarlo”

“La agencia de contratación dan a entender que es para temas de suministros pero luego añaden la coletilla de bienes y servicios y esto comprende desde el patrimonio material que son los edificios hasta las prestaciones sanitarias”, expresa Joaquín Villena, portavoz de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid. “El peligro está en los antecedentes que tiene esta gente que intentaron privatizar los hospitales y el 10% de los centros de salud. Es evidente que su línea es la de privatizar. No me cabe ninguna duda de que es una puerta abierta para en el futuro hacer lo que les venga en gana. La prueba de que no hay buena fe es que han aprovechado estas fiestas para sacarlo”, concluye.

Mientras, desde IU, comenzaron a mover el avispero con un comunicado de prensa. “Quisimos garantizar que todo el mundo estuviese al tanto de algo anunciado un 24 de diciembre. Queremos que no quede en el silencio más absoluto. A ellos les dan los números para hacer lo que les dé la gana. Esto, si no es con movilización y mucho rechazo social, va a seguir su cauce. Vamos a intentar que no sea así. Por nuestra parte que no quede”, concluye Vanessa Lillo.

fuente elsaltodiario.com