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Gürtel, Kitchen, Caja B: con una Alaya, medio PP estaría en el banquillo

Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas, en el Congreso del PP de 2008

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Si la justicia aplicara al PP el modelo de instrucción que la juez de los ERE y la Audiencia de Sevilla han aplicado al PSOE, Rajoy o Arenas acabarían en prisión

La justicia es igual para todos, pero para unos es más igual que para otros. Esa es la convicción que reina desde hace años entre los socialistas andaluces, convencidos de que la justicia no ha sido justa con la mayoría de los 19 ex altos cargos condenados por malversación y/o prevaricación en el caso de los ERE investigado por la juez Mercedes Alaya.

Responsables socialistas condenados están seguros de no haber hecho nada que merezca reproche penal, aunque admiten, aun a regañadientes, que hubo un descontrol del dinero público que sí merece pena política. “¡Y bien que la hemos pagado!”, proclaman recordando que todos ellos están muertos política y civilmente desde mucho antes de haber sido condenados por la justicia. Su última esperanza es el Tribunal Supremo, que previsiblemente rebajará -es casi imposible subirlas- las durísimas penas impuestas por la Audiencia de Sevilla.

"Un sistema de corrupción"

La principal similitud del caso ERE con el paquete de casos de corrupción que acorralan al PP desde hace años puede rastrearse sin dificultad en las sentencias judiciales.

La sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2018 que condenaba al PP y que le costó a Mariano Rajoy la Presidencia del Gobierno definía la trama Gürtel como “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” que permitió al partido cebar su caja B con grandes cantidades de dinero “como contrapartida por adjudicaciones irregulares”, instrumentadas mediante “la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”.

Paralelamente, la sentencia de la Audiencia de Sevilla de noviembre de 2019 constaba la creación y mantenimiento por el presidente Manuel Chaves y varios de sus consejeros y altos cargos de un procedimiento opaco de concesión de ayudas a trabajadores de empresas en crisis que propició la malversación de casi 700 millones de euros, aunque la justicia nunca reclamó a los más de 6.000 prejubilados beneficiarios el dinero recibido.

La sentencia avalaba la tesis de la instructora de que Chaves, en tanto que presidente de la Junta, y otros altos cargos en tanto que altos cargos de determinados departamentos tenían que conocer y ser perfectamente conscientes de que estaban delinquiendo, bien prevaricando, bien malversando, bien ambas cosas.

La sentencia de los ERE no dice textualmente que los políticos socialistas hubieran urdido “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”, como dice la sentencia de la Gürtel, pero la idea que inspira todo el fallo judicial es justamente esa, si bien en Gürtel los beneficiarios directos e inequívocos eran el PP y sus bien pagados dirigentes, mientras que en el caso de los ERE los beneficiarios habrían sido trabajadores y empresas en crisis, entre los cuales, ciertamente, ni eran todos los que estaban ni estaban todos los que eran.

Maniobras en el fango

Los manejos del Gobierno de Mariano Rajoy que ahora están saliendo a la luz bajo el nombre de operación Kitchen y cuyo propósito era eliminar pruebas incriminatorias para el partido y su presidente, demuestran que el PP se maneja con un desparpajo estremecedor en las cloacas del Estado.

A su vez, las sucesivas instrucciones judiciales de las diferentes piezas han sido, por una parte, sometidas incesantemente al fuego graneado de los abogados del PP y, por otra, administradas con oportuna tardanza o sospechosa indulgencia por los distintos órganos judiciales.

En la causa de los ERE la justicia ha podido, en el peor de los casos, ser injusta pero no incoherente: en consonancia con lo sostenido por Alaya, ha concluido que había un sistema ilegal creado por una serie de políticos y los ha condenado a todos. En el caso Gürtel, una justicia que fuera coherente consigo misma no puede decir que el PP había urdido “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” y no mover un dedo para sentar en el banquillo a los altos cargos del PP que montaron tal sistema.

 

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